COMUNICADO DE LA TRIBU YAQUI
Bandera_Yaqui

A LA OPINION  PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Territorio Yaqui, Sonora, México 16 de Septiembre de 2014

Quienes suscribimos el presente comunicado, autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui representativas de los pueblos de Vícam, Pótam, Loma de Bacúm, Cocorit y Belem. En base a las facultades que nuestras leyes internas nos mandatan, nos dirigimos, a la opinión pública de Sonora, a todo el país, a todos los pueblos, tribus y naciones indígenas de México, a las organizaciones civiles, políticas partidarias y no partidarias, a todo el mundo.

Una vez más el terror, la prepotencia, la intimidación y la impunidad, han sido instrumentos aún vigentes, en los malos gobiernos como el de Guillermo Padrés de Sonora, digno heredero del porfiriato y de los genocidas en el mundo, quien es el instrumento y signo de un despojo más hacia la Tribu Yaqui, en el afán de consumar su objetivo mediante la construcción y operación ilegal del acueducto independencia, que en el último año (Abril 2013 Abril 2014) se han robado treinta  millones de metros cúbicos, tal obra opera ilegalmente trasvasando  agua mediante un acueducto, de la cuenca del río Yaqui, Presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) a la cuenca del río Sonora, a la Ciudad de Hermosillo, con una longitud de 155 kilómetros, la cual fue impugnada desde su licitación, construcción, la adquisición de derechos de agua, su manifiesto de impacto ambiental, hasta su operación, no cuenta además con los permisos para trasvasar agua de una cuenca a otra, según las leyes de aguas nacionales, y en cada uno de estos litigios, pesan ordenamientos judiciales a favor nuestro, y en uno de los amparos, existe el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de consultar a la Tribu Yaqui, respecto al manifiesto de impacto ambiental, ya que dicha obra no cuenta con esta autorización para operar y trasvasar agua.

Además, en el último mes, el gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, ha sido evidenciado en hechos de negligencia y colusión con los intereses de la compañía minera Grupo México y su corresponsabilidad en el derrame de desechos tóxicos hacia el río Sonora, que curiosamente, bajo esa afectación ambiental, deja como única opción de abastecimiento a la ciudad de Hermosillo, del vital líquido, el acueducto Novillo-Hermosillo, señalado además de la apropiación indebida de aguas, propiedad de la nación, mediante la construcción de un represo en un rancho de su propiedad, despojando, a campesinos de la  comunidad de Bacanuchi, Sonora, aguas para sus actividades productivas y consumo humano.

En este contexto, el mal gobierno con el uso de la prepotencia y la arbitrariedad, es apresado  el Secretario de la Autoridad Tradicional del Pueblo de Vícam, a la usanza de esquemas arcaicos, como lo decía Sherlock Holmes “Los actos y la actitud criminal dependen a menudo del uso de la calumnia para su racionalización”. En ese sentido, se le acusa a Mario Luna y a otros miembros de nuestro pueblo de secuestro, cuando únicamente se aplicó nuestra ley interna, para incorporar al orden a los que infringen a las mismas, de este tipo de casos se aplican, cinco en promedio cada año, y no hay ninguna objeción, además que los “criminalizados” no se encontraban en al momento en el lugar de los hechos. Estas arbitrariedades del gobierno de Sonora tiene como fin, criminalizar nuestra lucha, mediante la fabricación de delitos y el desprecio hacia nuestro pueblo, como lo han manifestado públicamente, al acusarnos  a toda la Tribu Yaqui de “criminales y perversos” sólo por defender nuestro patrimonio y derecho a la vida, no imaginamos los calificativos y maquinaciones, que en lo privado hacen contra nosotros. Por tanto, exigimos la liberación inmediata de Mario Luna Romero,  ya que lo consideramos como un prisionero político, además, denunciamos su desaparición forzada por tres horas, por no saber nada de él en ese lapso de tiempo y porque la Procuraduría General del Estado, no dio parte a ninguna de las instancias de notificación y al ser trasladado además de Ciudad Obregón a Hermosillo por vía aérea.

Sabemos que no estamos solos en esta lucha, hemos recibido la solidaridad de organizaciones fraternas nacionales e internacionales, lo que nos alienta a continuar hasta las últimas consecuencias, la defensa de nuestra agua y el derecho a la vida. No claudicaremos frente a las embestidas del mal gobierno que busca desaparecernos en la faz de la tierra,  como lo han intentado hacer en el pasado, otros malos gobiernos en la historia de nuestro estado y de nuestro país.

Con estas acciones represivas, consideramos, que es una declaración de guerra de Guillermo Padrés a la Tribu Yaqui.

¡¡¡LIBERTAD INMEDIATA A MARIO LUNA!!!

¡¡¡CANCELACION DE TODAS LAS ORDENES DE APREHENSION CONTRA LOS MIEMBRO DE LA TRIBU YAQUI!!!

¡¡¡ALTO A LA CAMPAÑA DE ODIO Y PERSECUCION CONTRA LA TRIBU YAQUI!!!

¡¡¡ALTO AL ROBO DEL AGUA A LA TRIBU YAQUI, EXIGIMOS LA CANCELACION DE LA OBRA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA!!!

ATENTAMENTE

AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA TRIBU YAQUI

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AU: 230/14 Índice: AMR 41/034/2014 México Fecha: 15 de septiembre de 2014

ACCIÓN URGENTE

Activista indígena detenido, en peligro de juicio injusto

El activista indígena Mario Luna Romero corre peligro de ser sometido a un juicio injusto tras haber sido detenido en el estado de Sonora, noroeste de México. Se teme que la causa contra él pueda ser de motivación política, debida a su destacado papel en las protestas contra un acueducto que afecta al acceso al agua de la comunidad indígena yaqui.

Mario Luna Romero, destacado miembro de la comunidad indígena yaqui en el estado de Sonora, fue detenido la mañana de 11 de septiembre por la policía judicial en Ciudad Obregón. Hasta última hora de la tarde no tuvo acceso a sus familiares y abogados, y para entonces había sido trasladado a una prisión fuera de la capital del estado, Hermosillo. Mario Luna Romero fue detenido sobre la base de una orden de detención dictada en 2013 por su presunta implicación en el supuesto robo de automóvil y secuestro de Francisco Antonio Delgado Romo, miembro de la comunidad yaqui vinculado al gobierno del estado de Sonora.

Mario Luna Romero es traductor y portavoz de la comunidad indígena yaqui con sede en la localidad de Vicam, y ha encabezado las protestas y acciones judiciales para detener la construcción y el funcionamiento del Acueducto Independencia, que toma agua del río Yaqui, en la represa de Novillo. La comunidad yaqui alega que el acueducto amenaza directamente su cultura tradicional y sus medios de vida. Los gobiernos estatal y federal no han obtenido el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, mediante un proceso transparente, para la realización de este proyecto. El 4 de septiembre, Mario Luna Romero había viajado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer el caso.

En junio de 2013, Francisco Antonio Delgado Romo, al parecer, embistió con su automóvil a los manifestantes que participaban en un corte de carretera contra el acueducto. Los miembros de la comunidad lo aprehendieron y lo mantuvieron retenido durante dos días antes de dejarlo libre. Después de que la esposa de Francisco Antonio Delgado Romo presentara una denuncia, el ministerio público del estado de Sonora presentó cargos por privación ilegal de la libertad y robo de automóvil contra Mario Luna Romero y otros tres dirigentes comunitarios. Amnistía Internacional ha examinado las pruebas presentadas contra Mario Luna Romero y teme que la causa contra él esté sesgada y sea de motivación política. Mario Luna Romero está a la espera de que, el 17 de septiembre, se anuncien los resultados de su acusación. Si es remitido a juicio, puede ver negado su derecho a un juicio justo; además, no podrá optar a la libertad bajo fianza, y puede enfrentarse a una detención prolongada, lo que pondría en peligro su seguridad.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

pidiendo que se garantice la seguridad de Mario Luna Romero mientras permanezca bajo custodia;

expresando preocupación por la detención de Mario Luna Romero e instando a las autoridades a garantizar su derecho a un juicio justo, lo cual incluye garantizar la imparcialidad de todas las investigaciones criminales y respetar el derecho de Mario Luna Romero a no ser objeto de cargos penales de motivación política;

pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de todos los miembros de la comunidad yaqui y respeten su derecho a protestar pacíficamente contra el Acueducto Independencia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE OCTUBRE DE 2014 A:

Secretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong
Bucareli 99, col. Juárez, C. P. 6600, México D. F., México
Fax: +52 55 5093 3414 (insistan)
Correo-e: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Sr. Secretario

Gobernador del Estado de Sonora
Guillermo Padrés Elías
Comonfort y Dr. Paliza
C. P. 83260, Hermosillo
Sonora, México
Fax: +52 662 212 0001 (insistan)
Correo-e: guillermo.padres@sonora.gob.mx
Tratamiento: Sr. Gobernador

Y copia a:

Centro Mexicano de Derecho Ambiental
Mexico D. F.
Correo-e: contacto@cemda.org.mx

Envíen también copias a la representación diplomática de México acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE

Activista indígena detenido, en peligro de juicio injusto

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El 25 de agosto, la familia de Francisco Antonio Delgado Romo, quien según información estaba siendo investigado por la Procuraduría General de Justicia de la República, denunció la desaparición de éste. Se cree que sus restos se han encontrado cerca de Vicam, una localidad del estado de Sonora, pero aún no se han identificado oficialmente.

En 2010, el gobierno de Sonora, un estado azotado por la sequía, empezó la construcción del Acueducto Independencia sin consultar con las comunidades indígenas yaqui que viven junto al río. Los miembros de la comunidad han organizado protestas y emprendido acciones judiciales para detener la construcción, exigir una evaluación de impacto ambiental y defender el derecho de los indígenas a un proceso transparente de consulta para obtener el pleno consentimiento previo e informado de la comunidad. En 2013, la Suprema Corte de Justicia reconoció que las autoridades federales y estatales no habían cumplido sus obligaciones respecto a la comunidad yaqui, y ordenó que se tomaran medidas correctivas, en especial respecto a un nuevo informe de impacto ambiental y un proceso de consulta con la comunidad. Pese a que se han dictado diversas órdenes judiciales de suspensión del proyecto, la construcción ha continuado, hasta permitir que el acueducto inicie un funcionamiento que ha dado lugar a una reducción significativa de los niveles de agua. Los miembros de la comunidad yaqui siguen pidiendo que se aplique plenamente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

Los activistas indígenas como Mario Luna Romero se han enfrentado con frecuencia a cargos penales falsos formulados para disuadirles de continuar con sus reclamaciones legítimas de derechos humanos. El uso de cargos penales de motivación política sigue siendo una práctica relativamente habitual en el ámbito estatal, donde las procuradurías a menudo actúan bajo la influencia de los asuntos políticos locales.

Nombre: Mario Luna Romero

Sexo: Hombre

AU: 230/14 Índice: AMR 41/032/2014 Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2014

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En la mañana del 17 de septiembre, representantes de organizaciones firmantes de la carta en la que se exige la libertad de Mario Luna, hemos acudido nuevamente a la Embajada de México en Madrid para hacer entrega personal del escrito, copia del cual ya dejamos el pasado día 15 al guardia de seguridad, en las escaleras de entrada al recinto.

En esta ocasión, se han negado a abrir la puerta, preguntándonos por el telefonillo que está en la calle que queríamos, a lo que hemos respondido que hablar con la Señora Embajadora; la respuesta, siempre por el telefonillo y con la puerta cerrada, ha sido que no estaba y que era imposible que nos recibiera ningún otro funcionario, ya que si queríamos hablar con alguien, tendríamos que pedir cita previa. Se intenta así, impedir que la voz de la solidaridad entre en la Embajada.

Aunque no es nuestro modo, en esta ocasión, además de enviar el escrito con las firmas por correo electrónico a la Embajada, vamos a intentar concertar una cita para que nos expliquen el proceso contra Mario y entregar de nuevo, esta vez en mano, la carta con las firmas.

¡No callarán nuestra voz de solidaridad con los pueblos y con el compañero Mario Luna!

————CARTA——————-

15 de septiembre de 2014

Ante la detención en la mañana del 11 de septiembre en Ciudad Obregón (Sonora) de MARIO LUNA ROMERO, Secretario de la Autoridad Tradicional de la Tribu Yaqui y portavoz a nivel nacional e internacional de la justa lucha de la tribu en defensa del agua y la vida del río Yaqui y contra la construcción del “Acueducto Independencia”
DENUNCIAMOS
- el acoso y persecución a los que, junto a otros miembros de la tribu, ha estado sometido durante meses el compañero Mario Luna por su labor de denuncia de la construcción ilegal del Acueducto Independencia y de defensa de la autonomía y supervivencia de la tribu yaqui.
- la violación constante de derechos y el desacato por parte del gobierno del estado de Sonora representado por Guillermo Padrés Elías y de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), a la orden de la Suprema Corte y del juzgado de distrito nº 8 de “detener de inmediato la operación del Acueducto Independencia”, así como de ignorar todas las medidas cautelares dictadas al respecto.
EXIGIMOS
- la inmediata puesta en libertad del compañero MARIO LUNA
- el fin de la represión a los miembros de las Tropas y Brigadas de Defensa del Agua de la Tribu Yaqui a quienes expresamos nuestra solidaridad incondicional
¡Si nos tocan a un@ nos tocan a tod@s!

¡NÁMASKASIA ACHAIM KAABE AMAU TAWABAANE!
Asamblea 15m Delicias. Zaragoza, Estado Español
Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo. Zaragoza, Estado Español
ASSI (Acción Social Sindical Internacionalista)
Associazione Jambo, commercio equo. Fidenza -Italia
Associazione Ya Basta! Milano
Campaña internacional de apoyo a los juicios contra los genocidas en Argentina
Casapueblos
CEDOZ (Centro de Documentación sobre Zapatismo)
CGT de Teruel, Estado Español
CGT Estado español
Chunta Aragonesista, Estado Español
Colectivo de Aprendizaje y Enseñanza Zapatista del Reino Unido
Colectivo Zapatista, Manchester
Comité Mons. Óscar Romero de Madrid – Estado Español
Enlace Urbano de Dignidad, Puebla, Mexico
Grupo IRU. Estado Español
Grupo Solidaridad con Chiapas, Dorset
Grupo Solidaridad con Chiapas, Edimburgo
Grupo Solidaridad con los Zapatistas – Essex
Grupo Solidaridad con México, Londres
Gruppe B.A.S.T.A., Münster, Alemania
Intersindical de Aragón. Estado Español
KIPTIK, Bristol
La Reus, Cultural i Solidària per la Pau – Catalunya
Les trois passants. Paris, Francia
Nodo de Derechos Humanos, Puebla, México
Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid. Estado Español
Plaza de los Pueblos 15M
Publicación Codo a Codo
Radio Topo. Zaragoza, Estado Español
Servicio de Traducción Zapatista del Reino Unido
Sindicato Único de Trabajadores SOLIDARIDAD OBRERA. Estado Español
Zap Sol UK

Agustin Tortosa Ballestero. Madrid. Estado Español
Alejandra Diaz Gonzalez. Gijón, Estado Español
Ana Maria Hevia Arias. Gijón, Estado Español
Ana Muñoz Ruiz. Gijón, Estado Español
Andrea Escandon Gonzalez. Gijón, Estado Español
Antonio Fernandez Cabero. Gijón, Estado Español
Antonio Peñuelas Igualada. Zaragoza, Estado Español
Bernard Riguet. Paris, France
Carmen Menendez Ardura. Gijón, Estado Español
Clara Redal Montané. Madrid. Estado Español
Consolacion Maria Lopez Fernandez. Gijón, Estado Español
Dolores Merino Villanueva. Madrid. Estado Español
Dolores Ramirez Sánchez. Zaragoza, Estado Español
Emilio Jose Dias Perez. Gijón, Estado Español
Enrique Marcos Gallegos. Gijón, Estado Español
Enrique Muñoz Rio. Gijón, Estado Español
Federico Salvador Galicia Olvera. México
Fernando Salvanes Orduña. Zaragoza, Estado Español
Firmu Hevia Arias. Gijón, Estado Español
Flor Maria Ginel Gonzalez. Gijón, Estado Español
Gabino Giovanni Velázquez Velázquez. México
Genoveva López Morales. Madrid. Estado Español
Geraldine Lamadrid Guerrero, Xalapa
Guilherme Mucceli Moreira Rangel Cruz, Belo Horizonte, Brasil.
Gustavo Waslet. Argentina
Ignacio P. Esquivel. Querétaro, México
Ignacio Tortosa Ballestero. Madrid. Estado Español
Isabel Hevia Arias. Gijón, Estado Español
Itzel Patricio Fajardo. México
Javier Matesanz Palomo. Gijón, Estado Español
Joaquin Carballido Martinez. Gijón, Estado Español
Jose Luis Gonzalez Barral. Gijón, Estado Español
Jose Luis Martin Silva. Gijón, Estado Español
Jose Luis Muiña Fernandez. Gijón, Estado Español
Jose Rafael Marcos Velasco. Gijón, Estado Español
José L. Humanes Bautista. Madrid. Estado Español
Julian Rufino Gomez Gonzalez. Gijón, Estado Español
Julio González Sosa. Zaragoza, Estado Español
Laura Redal Merino. Madrid. Estado Español
Lola Sepúlveda Irala. Madrid. Estado Español
Luis Pérez Agustina
Luna Granados. Madrid, Estado Español
Manuel Fernández Suárez. Zaragoza, Estado Español
Manuel Redal Montané. Madrid. Estado Español
Maria del Carmen Rascon Jato. Gijón, Estado Español
Maria José Navarro Gonzalez. Madrid, Estado Español
Marlen Iglesias Hevia. Gijón, Estado Español
Montserrat Hevia Arias. Gijón, Estado Español
Nestor Gomez Hevia. Gijón, Estado Español
Paloma Rivera Uribe
Patricia Rodriguez Jurado. Buenos Aires, Argentina
Pilar Arias Carcedo. Gijón, Estado Español
Pilar Froilán Esteban. Zaragoza, Estado Español
Pilar Hevia Arias. Gijón, Estado Español
Raquel Escandon Gonzalez. Gijón, Estado Español
Roberto Meloni. Italia
Sara Martin Hevia. Gijón, Estado Español
Teresa González de Chávez. Estado Español

RvsR: ¡Libertad a Mario Luna! #Namakasia

Posted by nodho on September 18th, 2014

redcontralarepresionDurante la mañana del día de hoy, 11 de septiembre, fue detenido, de manera arbitraria, el vocero de la Tribu Yaqui Mario Luna. Esta acción, realizada por la Policía Estatal Investigadora del estado de Sonora, es parte del constante hostigamiento del gobierno estatal contra nuestro compañero, reflejo del desprecio a la Tribu Yaqui, y de la criminalización de su digna y justa resistencia.

La lucha de la Tribu Yaqui es por la defensa de la tierra, el territorio y el agua. Es una lucha de más de 500 años y que, en los últimos cuatro, ha enfrentado al proyecto de despojo llamado “Acueducto Independencia”, que representa el saqueo de los recursos naturales, el ataque contra la vida comunitaria de los pueblos indios y que fragmenta su tejido social.

Esta criminal obra del capitalismo – la cual, como ha sido ya difundido, sólo beneficia a las grandes empresas – es dirigida por el gobierno del estado de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés, del Partido Acción Nacional.  No está de más  recordar que Padrés ha construido una presa dentro de uno de sus ranchos, la cual almacena cuatro millones de metros cúbicos de agua y que ha perjudicado a los campesinos de los alrededores. La impunidad es la moneda de cambio de quienes se encuentran en las instituciones del Estado, al servicio de las firmas nacionales y transnacionales.  Esa es la “justicia” que se impone desde el sistema capitalista.

Los medios de comunicación de paga han promovido campañas de desprestigio y manipulación contra nuestras compañeras y nuestros compañeros yaquis; se ha recurrido a las amenazas directas y veladas a sus dirigentes y voceros; se han valido de los “ministerios de procuración de justicia” locales, como pequeños feudos al servicio de capataces autodenominados “gobernadores”: han abierto el camino de la represión.

Tenemos una certeza: la Tribu Yaqui resistirá. Su resistencia tiene raíces históricas: no pudieron exterminarlos los conquistadores españoles; no fueron sometidos por las leyes republicanas y conservadoras del siglo XIX;  resistieron los actos genocidas del dictador Porfirio Díaz; resistirán está embestida como los guerreros que son, las guerreras que son.

Queremos expresar a cada mujer, a cada niña, a cada hombre y a cada niño, a los ancianos y a las ancianas de la Tribu Yaqui que se mantienen dignamente en lucha: compañeras, compañeros: aquí está nuestra solidaridad y no están solas, no están solos.

Desde la Red contra la Represión y por la Solidaridad responsabilizamos a Guillermo Padrés y a Enrique Peña Nieto de la integridad de nuestro compañero Mario Luna. Los responsabilizamos de cualquier acto represivo contra los yaquis. Ante todo, llamamos a nuestras compañeras y compañeros de esta Red, de la Sexta, a quienes sientan este agravio como suyo a solidarizarse, manifestarse, pronunciarse, según sus formas, sus modos, su ser por la libertad de nuestro compañero Mario Luna y contra esta agresión a la lucha yaqui.

Porque la justicia no vendrá de arriba, construyámosla con nuestra solidaridad organizada.

¡LIBERTAD A MARIO LUNA!

¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO EN CONTRA DE LA TRIBU YAQUI!

¡SÍ A LA LUCHA YAQUI!

¡LA TRIBU YAQUI SOMOS TOD@S!

Contra el despojo y  la represión:

¡la Solidaridad!

Red contra la Represión y por la Solidaridad

(RvsR)

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Algo que nosotros como muchos otros tenemos claro es que las comunidades Zapatistas en Chiapas son una de las pocas referencias concretas, vivas y constantes de que sin necesidad de pedir permiso o limosna al poder es posible construir un mundo más digno.  El elemento distintivo de este proceso frente a muchos otros es que cruzaron una puerta que difícilmente se logra cruzar, la de la autonomía, aquella que les permite decidir su destino y el de su territorio. Esa autonomía es el elemento más incómodo y peligroso a los ojos de aquellos que ven en los diversos territorios del planeta un conjunto de recursos que pueden ser extraídos para ser convertidos en dinero, pues es la capacidad de una comunidad o de un conjunto de comunidades (o en el caso de Chiapas de una tercera parte del estado) de negarse a ceder ante la presión de empresas y gobiernos. Y es esa autonomía la que los frívolos gobiernos de Manuel Velasco en Chiapas y de Enrique Peña Nieto en México y sus “socios” nacionales y extranjeros quieren acabar.

Los ataques no son nuevos, todavía está fresca la sangre de Galeano, el maestro de la Escuelita Zapatista asesinado por paramilitares, y en la terca memoria de la gente honesta del mundo siguen presentes las atrocidades que el gobierno mexicano ha cometido o permitido en contra de las comunidades zapatistas.

En este tiempo y en el contexto de la compartición entre el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, la posibilidad de que el ejemplo de la autonomía Zapatista contagie a otras comunidades se convierte en una amenaza para los intereses de quienes ven en los territorios indígenas de México una mina de oro (literalmente en muchos casos).

Por eso los ataques paramilitares, bajo las siglas que sean no son casos aislados, son parte de una guerra permanente. La guerra en contra de las comunidades zapatistas no es un asunto que implique únicamente a Chiapas o a quienes simpatizamos con el Zapatismo, sino que es una guerra por el futuro del país, es una guerra preventiva para evitar que los pueblos indígenas asuman el destino de sus territorios en sus manos, para evitar que México comience a verse a sí mismo, para evitar que un sistema que necesita del despojo para sobrevivir se quiebre.

Parece que muy seguido allá arriba creen que las repuestas de abajo no resuenan, no crecen, no provocan justo lo contrario a lo que quieren evitar. Como fue notorio con los cientos de actos y pronunciamientos de solidaridad con las comunidades zapatistas después del asesinato del Votán Galeano. Los zapatistas son una inspiración que rebasa fronteras, límites, que va más allá de los cálculos del poder en donde siempre subestiman la solidaridad que en lugar de disminuir crece.

Como se demostró con la solidaridad que llegó hacia el territorio zapatista tras el asesinato del Votán Galeano, el mundo no sólo está mirando, también está activo y con el corazón puesto en el sureste mexicano.

Enlace Urbano de Dignidad

Nodo de Derechos Humanos

LAS BRUTALES CONSECUENCIAS DE UNA LEY AL SERVICIO DE LA VIOLENCIA

Puebla a 18 de julio de 2014

A menos de tres meses de la aprobación de la #LeyBala, José Luis Alberto Tlautle Tamayo de 13 años de edad se encuentra hospitalizado, en estado de coma, tras un operativo en el que a decir de Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, se aplicaron los protocolos de actuación de la recién aprobada ley.  ¿Entonces, de qué manera regula esta ley el uso de la fuerza policíaca, de qué forma protege esta ley a un menor de edad que se encontraba cerca de una manifestación?

En el mes de mayo  mientras los diputados aprobaban esta ley muchas voces advertían sobre las implicaciones futuras, sobre los riesgos de utilizar el discurso de los derechos humanos para legalizar su violación, de aprobar una ley orientada hacia la violencia y no hacia la contención del uso de la fuerza por parte de los cuerpos policíacos. Ahora estamos presenciando la brutal evidencia de aquellos riesgos convertidos hoy en brutales operativos, en decenas de heridos.

Hace casi tres meses advertíamos que en el capítulo XIX de la ley (en su versión “modificada” y publicada en el periódico oficial), en el artículo 43 se mencionaba que “para efectos de control y dispersión, las manifestaciones se observarán y analizarán atendiendo a fenómenos de violencia o desapego de la pacífica manifestación” lo que emitía un juicio sobre el conjunto de una manifestación y no sobre conductas individuales.  La falta de esa individualización de conductas tiene como resultado a un niño gravemente lesionado por “armas incapacitantes no letales”.

El uso de dichas armas presuntamente “no letales” tiene resultados letales, como ocurrió con Juan Francisco Kuykendall tras la represión policíaca el primero de diciembre de 2012 afuera del Congreso de la Unión y que culminó con su muerte tras un año de hospitalización.

En mayo preguntábamos: ¿Tomaron en cuenta que esta ley sería aplicada por policías capacitados para la violencia y sumergidos en un ambiente de constante corrupción en un estado convulsionado y con un descontento legítimo y creciente?  Ahora queda claro que la respuesta es “no”,  no les importa, o el punto es precisamente favorecer un clima de miedo y represión que inhiba toda forma de protesta ante los abusos del poder público. Nuevamente queda claro que para los cuerpos policíacos enviados para “mantener el orden” da igual un niño, un anciano, una mujer, un discapacitado, un transeúnte, todo el que participa o se encuentra cerca de una protesta es  un “agresor” es decir, una “persona que representa un riesgo por su conducta en los bienes jurídicamente protegidos de otros individuos, los agentes policiales, la colectividad y del propio Estado” y por lo tanto son merecedores de un uso de la fuerza que tiene poco de gradual y mucho de brutal.

Las consecuencias concretas de promover, aprobar y aplicar una ley como esta deben implicar una responsabilidad concreta para los funcionarios involucrados en todo este proceso.  No es responsabilidad únicamente del policía que lanzó el proyectil que dejó en coma a José Luis Alberto Tlautle Tamayo, lo es también de quien dirigió el operativo, de quien lo ordenó, de quién votó a favor de la ley que legalizó esa acción, de quién se negó a frenar esa ley con una acción de inconstitucionalidad.


Nodo de Derechos Humanos

Ciudad Ixtepec, Oaxaca. 29 de mayo de 2014

A Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado de Veracruz

A Claudia Ramón Perea
Coordinadora del Programa de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz

Al Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz

Al Lic. Elías Rivera Narváez
Delegado en Coatzacoalcos de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz

A unos días del inicio de la Caravana Migrante el próximo 1 de junio del 2014, desde el Albergue Hermanos en el Camino y desde distintos rincones del mundo expresamos nuestra preocupación por la situación de inseguridad a la que se enfrenta un grupo de migrantes y defensores de derechos humanos en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.

Un grupo de observación, integrado por defensores de derechos humanos de las personas migrantes, ha sido testigo de las amenazas del crimen organizado en contra de 270 mujeres y hombres, de todas las edades, procedentes principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Las agresiones comenzaron en Tenosique, Palenque y Chontalpa, Tabasco, pero se intensificaron a la llegada del contingente a las comunidades de El Túnel, Moloacán y Coatzacoalcos, en Veracruz. Durante este trayecto, las personas identificadas como parte de los grupos criminales ordenaron a lxs observadores y defensores a abandonar  a lxs migrantes, de lo contrario serían asesinadxs.

En un operativo implementado por la Marina Armada de México el pasado 27 de mayo fueron detenidas cuatro personas señaladas como responsables de extorsiones, asaltos y amenazas en contra del grupo de migrantes y defensores. Sin embargo, los miembros del crimen organizado que no fueron detenidos, ya identificados y procedentes de Tenosique, Palenque, Chontalpa y Coatzacoalcos, amenazaron de muerte a lxs personas migrantes y al grupo de observación si decidían abordar el tren en Coatzacoalcos.

Hoy en día la Casa de descanso del migrante San Judas Tadeo, en Coatzacoalcos, se ha convertido en el único refugio para las personas migrantes amenazadas y para lxs defensores que les acompañan. Sin embargo, esta situación ha puesto al albergue en una situación difícil pues no cuenta con el apoyo necesario para brindar atención y alimentación a lxs migrantes.

Hacemos un llamado al gobierno de Veracruz para que proporcione el transporte que permita trasladar al contingente amenazado afuera del estado. Exigimos que el gobierno de Veracruz garantice la seguridad de este contingente de personas migrantes y del grupo de observación con el fin de proteger sus vidas y continúen con la labor que están realizando. Pedimos que las autoridades locales apoyen el trabajo realizado por la Casa de descanso del migrante San Judas Tadeo.

Para que cada paso sea digno y libre

Albergue para migrantes Hermanos en el Camino * Cultura Migrante * Nadie es Ilegal * Colectivo Kaos en la Red * Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero * Nodho de Derechos Humanos * Contingente Puebla * Bordados por la Paz Puebla * Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC * Red de Mujeres por la Libertad Reproductiva * Corazón del Barrio * COAMI * Soy Migrante * Coalición Humanitaria Internacional Pro-migrante * Centro de ayuda humanitaria a migrantes Tultitlán * Colectivo Migrantes LGBT * Jóvenes ante la Emergencia y el Desastre Nacional * National Immigrant Youth Alliance * Justice for Immigrants Coalition of Inland, Southern California * Inland Empire Immigrant Youth Coalition * Pangea Legal Services * Dreamactivist.org * Michigan for Immigrant Rights * DreamActivist Florida * North Carolina Dream Team * Indiana Undocumented Youth Alliance * DreamActivist California * FIRME Process * Campecine Youth Academy * Alabama Youth Collective * DreamActivist Virginia * Cesar E. Chavez Legacy and Education Foundation, San Antonio TX. * Raza Unida Party, Sacramento, CA * Portland Central America Solidarity Committee * Our Lady Queen of Peace Church, Florida * Ángeles sin Fronteras * DREAMer Moms.

Mensaje a La Realidad desde Puebla #GaleanoVive

Posted by nodho on May 24th, 2014

Mensaje a La Realidad desde Puebla, México

Hoy que están reunidos en el caracol de La Realidad, ustedes y muchos otros compañeros de México y del mundo, queremos que nuestro abrazo llegue hasta ustedes. Queremos decirles que de ustedes compañeros zapatistas siempre hemos aprendido, de sus pasos, de la historia que han cambiado, de las clases que nos han dado y de su ejemplo de libertad. Hoy, por la destrucción que provocan los paramilitares del gobierno, por el asesinato del compañero Galeano,compartimos su rabia y su dolor.

EL USO DE LA FUERZA A DEBATE #LeyBala

Posted by nodho on May 21st, 2014

EL USO DE LA FUERZA A DEBATE

Puebla a 21 de mayo de 2014

La controversia que generó la aprobación de la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”  abrió el debate público sobre el tema del uso de la fuerza. La aprobación de legislaciones en esta materia, con una opacidad similar, en otros estados de México hace de este un tema crucial a nivel nacional pues implica un riesgo enorme en un país con los problemas sociales que tenemos.  El debate tendrá que seguir.

En este debate se ha puesto en cuestión la necesidad de una ley en la que de fondo se limite el uso de la fuerza a fin de asegurar que los derechos humanos sean inviolables. Es decir que es indispensable cambiar todo el espíritu de la ley como fue aprobada, pues lo que parece motivar al Gobierno del Estado de Puebla, bajo la administración de Rafael Moreno Valle, es el control social y limitar los derechos de los ciudadanos, en particular los relacionados a manifestar el descontento en contra de las acciones y abusos del Estado. En contraposición, una ley como esta debería estar motivada por la protección de las libertades y derechos de los ciudadanos ante los abusos de la fuerza del Estado. Estamos ante dos formas opuestas de ver la regulación de la fuerza del Estado.

La versión que aparece publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, con las “modificaciones” que presenta frente a la iniciativa original, aún presenta puntos preocupantes, pues los matices parecen ser más de forma que de fondo.

En el capítulo VII del dictamen, en particular en el Artículo 30, sigue sin explicitarse que una detención únicamente puede realizarse para ejecutar una orden de aprehensión emitida por un juez o en caso de flagrancia.

En el capítulo XIX de la ley, en el artículo 43 se menciona que “para efectos de control y dispersión, las manifestaciones se observarán y analizarán atendiendo a fenómenos de violencia o desapego de la pacífica manifestación” lo que sigue emitiendo un juicio sobre el conjunto de la manifestación y no sobre conductas individuales.

En el mismo capítulo, en  el artículo 46 de la ley, si bien dice que “queda prohibido el uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones” no especifica el tema de su uso y deja esta cuestión por definirse en “los protocolos especializados correspondientes”, lo cual mantiene aún el riesgo de abusos por parte de los policías. Es preocupante también que permanezcan como “factor de riesgo” el “fin que persigue la manifestación, ya sea de confrontación o mera manifestación de ideas” y los “aspectos socioeconómicos o políticos imperantes en el momento de la manifestación”.

Además de lo anterior son inquietantes las declaraciones que ha hecho el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en el sentido de que lo que le preocupa de las manifestaciones sean “actos vandálicos” como romper vidrios, o hacer pintas, como si fuera intrínseco a la protesta que se lleven a cabo este tipo de conductas y dando a entender que considera que en estos casos se justificaría el uso de la fuerza letal, lo que pondría en riesgo la vida  no sólo de aquellos que estén cometiendo dichos actos, sino la del conjunto de quienes participaran en dicha manifestación.  Además de no tomar en cuenta que todas las manifestaciones en Puebla desde que inició la actual administración estatal se han caracterizado por ser pacíficas, lo que apunta a que la preocupación central del Gobierno del Estado no está en el carácter pacífico de las manifestaciones sino en su mera existencia.

Por todo lo anterior consideramos  que es necesaria la abrogación de la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”  a partir de una nueva ley elaborada desde el  debate público y la preocupación por limitar el uso y evitar el abuso de la fuerza por parte del Estado, orientada a la protección de las libertades y derechos de los ciudadanos.

Nodo de Derechos Humanos

Click aquí para el texto íntegro del dictamen publicado en el Periódico Oficial del Estado de PueblaGob_Pue-Decreto del uso de la fuerza legitima